Cermi Cantabria
CERMI Cantabria participa en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Cantabria del Fondo Social Europeo
El jueves 20 de mayo Gonzalo López Gándara participó en representación de CERMI Cantabria en el sexto Comité de Seguimiento del Plan Operativo.
Dicho comité que estuvo presidido por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez y la subdirectora adjunta de gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, Rosa Estefanía, aprobó el informe anual de ejecución de 2020 que incluye los nuevos fondos del programa REACT-UE e hizo seguimiento del Programa que gestiona el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) que se está ejecutando según el calendario previsto, el cual finalizará en 2021.
Se destacó además el alto grado de ejecución a pesar de la reprogramación de las actuaciones como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
En el encuentro se ha puesto en valor la importancia del Fondo Social Europeo (FSE) en la lucha contra los efectos de la COVID-19 y como elemento esencial para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de Cantabria e impulsor de nuestra economía en su conjunto.
El Servicio Cántabro de Empleo, es quien gestiona el programa, que garantiza el mantenimiento de los programas destinados a personas en situación de desempleo y la mejora de la empleabilidad de las personas con mayores dificultades como las personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes de baja cualificación y mujeres víctimas de violencia de género, entre otras.
Esperamos que pronto se definan las nuevas líneas del Fondo Social Europeo para poder hacer aportaciones desde este comité.
Más información en la página web del Gobierno de Cantabria
Luz verde definitiva a la reforma legal que acaba con las incapacitaciones judiciales por discapacidad
21.05.2021 FUENTE: SERVIMEDIA
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves las enmiendas incorporadas en el Senado al proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica por una muy amplia mayoría (un primer bloque contó con 282 apoyos y el resto, con 267 votos afirmativos). Solo hubo 10 votos en contra. De este modo, el proyecto de ley queda aprobado de forma definitiva.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, destacó que “hoy, por fin, se va a garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad” y el respeto de su voluntad.
También tomó la palabra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien mostró su “satisfacción” por la aprobación de esta norma“ y por “el consenso” con el que “se ha trabajado”.
Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.
Elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.
Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.
CERMI Cantabria celebra la publicación del Decreto que regula el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad de Cantabria
CERMI Cantabria, a pesar del retraso de más de año y medio, valora muy positivamente que Cantabria vaya a contar en 3 meses con un Consejo de Personas con Discapacidad, que es el plazo que el Decreto que lo regula da para su constitución.
Desde que se aprobara la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad el 21 de diciembre de 2018, ha sido una de las reivindicaciones de CERMI Cantabria y ve con satisfacción que se han incorporado muchas de las aportaciones que realizó en la fase de consulta pública.
Este órgano permitirá velar por el cumplimiento de la Ley de garantía de derechos de las personas con discapacidad y hacer seguimiento y evaluación de las líneas generales de actuación que se desarrollen en materia de atención a personas con discapacidad. Así mismo hacer aportaciones a los proyectos normativos de Cantabria que puedan afectar a las personas con discapacidad; o emitir dictámenes e informes, de carácter preceptivo y no vinculante, sobre el Plan Estratégico de Accesibilidad que el Gobierno debería haber presentado al Parlamento, entre otras funciones.
Ver Decreto AQUI
CERMI y Consejería de Presidencia organizan el Curso "Intervenciones en tentativa de suicidio"
- Los servicios de emergencias autonómicos intensifican su preparación en la prevención de suicidios
- La consejera de Presidencia alerta de los problemas mentales debido a la pandemia y aboga por la prevención, el tratamiento y la formación para reducir las tentativas y muertes
FUENTE: GOBIERNO DE CANTABRIA
Santander-19.05.2021
Los servicios de emergencia autonómicos han abordado hoy técnicas de prevención e intervención especializadas para frenar los suicidios en Cantabria, a través de un curso organizado junto al Cermi e incluido en el Plan de formación de emergencias y protección civil del Gobierno cántabro.
El pasado año, el Centro de Atención de Emergencias 112 registró en la comunidad autónoma 273 avisos por intentos de suicidio y en España fallecen por este motivo 10 personas al día, el doble que por accidentes de tráfico.

Por eso, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha abogado hoy, durante la apertura de este curso, por abordar el suicidio, habitualmente considerado como un tema tabú, pero con una perspectiva “preventiva”, con un seguimiento y apoyo de psiquiatras y psicólogos, y expertos en la materia, y una formación destinada a los servicios intervinientes en emergencias que puedan verse involucrados en intervenciones relacionadas con intentos de suicidios.
La consejera de Presidencia, el alcalde de Villaescusa y el presidente del Cermi Cantabria, en la inauguración del curso sobre tentativas de suicidio (Foto: Nacho Romero).
“A nadie se nos escapa que se trata de intervenciones con una especial sensibilidad, y que es fundamental una formación específica que facilite las herramientas necesarias al personal de emergencias para poder atender tales situaciones con mayor seguridad”, ha afirmado la consejera de Presidencia, quien también ha destacado el especial impacto de la pandemia en la salud mental y, por consiguiente, en las muertes por suicidio.
Y es que, a través del especialista Sergio Tubio, del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, los jefes de sala del 112 Cantabria, bomberos de la comunidad y otros servicios de intervención adquirirán una extensa formación para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones en este tipo de intervenciones.
Asímismo, se darán nociones de trato con personas con ideación suicida, de negociación, mediación y persuasión, conociendo, los factores de riesgo, las distintas fases que atraviesa la víctima, y las posibles señales de progreso en la negociación o de desenlace final.
CERMI Mujeres exige que la Ley contra la trata incluya la voz de las mujeres y niñas con discapacidad
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) exige que la futura Ley Integral Contra la Trata, cuyo trabajo ha iniciado el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, incluya y contemple las voces y perspectivas de las mujeres y niñas con discapacidad ya que "corren un mayor riesgo de explotación y pueden estar más expuestas a la trata de personas".
FUENTE: EUROPA PRESS
Así lo manifiesta la Fundación CERMI Mujeres en su aportación a la consulta pública previa a la elaboración de este proyecto normativo en la que recoge los principales aspectos a tener en consideración a la hora de abordar esta regulación.
Según la entidad, las mujeres y niñas con discapacidad "no son tenidas en cuenta en las normas estatales que regulan esta cuestión" lo que supone "una negación de protección por igual contra la trata de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 5.2)".
En este sentido, desde la Fundación CERMI Mujeres consideran que la "ausencia de datos armonizados, información fiable, actualizada y estandarizada" sobre esta realidad sigue "impidiendo la adopción de legislación y políticas públicas adecuadas que tomen en consideración la situación de miles de mujeres con discapacidad explotadas sexualmente".
Por ello, abogan por que esta futura ley tenga en cuenta el "mayor riesgo al que se enfrentan las mujeres y niñas sometidas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación", en particular las mujeres y niñas en situación de pobreza, que viven en zonas remotas, las mujeres y niñas desplazadas por la fuerza, las migrantes y las mujeres y niñas con discapacidad.
Según la Fundación CERMI Mujeres, las mujeres con discapacidad tienen de dos a cinco veces más probabilidades de sufrir violencia. Además, advierte de que el bajo acceso a la educación y al trabajo, y el alto riesgo de pobreza hacen que las mujeres y niñas con discapacidad sean más propensas a ser blanco de las redes de trata.
En este sentido, hacen hincapié en la "urgencia" de que las víctimas de trata con discapacidad cuenten con un "apoyo de calidad y servicios que sean inclusivos y accesibles", como el acceso a la información sobre sus derechos, servicios médicos, psicológicos, sociales y legales disponibles y cómo acceder a ellos, así como a un alojamiento seguro, accesible y apropiado.

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