Cermi Cantabria
El CERMI celebra que Derechos Sociales comience el proceso legislativo para restaurar la asimilación legal de la incapacidad laboral de Seguridad Social al grado mínimo de discapacidad a efectos laborales
10.09.2021 FUENTE: CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERM) celebra que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya comenzado el proceso legislativo para recuperar la asimilación legal de las situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social al grado mínimo de discapacidad del 33 por 100 a efectos de acceso al marco de incentivos y medidas de acción positiva establecidos para las personas con discapacidad.
En efecto, la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica hoy la consulta pública previa del denominado “Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para considerar, a efectos laborales, como personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”, con plazo de alegaciones hasta el próximo 28 de septiembre.
La iniciativa de modificación legislativa que ahora comienza su trámite busca, con la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, resolver el grave problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula esta asimilación legal, vigente desde el año 2003, jurisprudencia que ha venido perjudicado gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad.
El CERMI agradece al Ministerio del que es titular Ione Belarra que haya decidió acabar con esta anomalía tan lesiva para el empleo de las personas con discapacidad y espera una tramitación rápida de la iniciativa, tanto en la fase prelegislativa como en la parlamentaria, para que ese asunto esté resuelto en pocos meses.
CERMI pide a Justicia "poner en práctica cuanto antes" la reforma civil en materia de discapacidad y reclama recursos
06.09.2021 FUENTE: CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha reunido este 6 de septiembre con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a quien ha agradecido la reforma civil puesta en marcha en materia de discapacidad al tiempo que ha expresado "que se ponga en práctica cuanto antes para hacerla efectiva" por lo que también ha reclamado más recursos.
La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entró en vigor este pasado 3 de septiembre, "una fecha histórica", según expresó a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad aunque también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población. La norma sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una "ayuda técnica" en materia de "comunicación" para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales. De este modo, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad se mantiene "únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo".
Así, la norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario --familia, allegados-- recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.
Por todo ello, CERMI señala que es fundamental la toma de conciencia de todos los operadores jurídicas para poner la reforma en práctica y considera que debe haber recursos suficientes en la administración de justicia para que "materialmente sea una realidad".
En el encuentro, celebrado en la sede del ministerio, el CERMI también ha transmitido a Llop sus demandas y han repasado los diferentes asuntos de la agenda política de la discapacidad en materia de Justicia. Según CERMI, la ministra se ha comprometido a estudiar las peticiones de la plataforma para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en este ámbito.
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CERMI CANTABRIA Y EAPN-CANTABRIA PROPONEN LA MOVILIZACIÓN DEL TERCER SECTOR EN NUESTRA COMUNIDAD TRAS LA FALTA DE DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Más de 40 organizaciones del Tercer Sector de Cantabria se unen a través de sus dos plataformas para reclamar a la Administración ser escuchadas.
La entidades del Tercer Sector hacen pública su disconformidad con las políticas sociales de Cantabria, y la falta de compromiso y comunicación que existe entre la Administración y los agentes sociales.
Ambas plataformas reivindican de forma inmediata que se permita la reformulación en los proyectos sociales presentados a las convocatorias del 0,7% del IRPF y de las ESAL (entidades sin fines lucrativos), y que se inicie un compromiso por parte del Gobierno de Cantabria para establecer un dialogo fluido entre el sector y la Administración, con el fin de diseñar unas políticas sociales de calidad así como establecer las bases de financiación de las entidades sociales que son un pilar fundamental en la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
CERMI Cantabria y EAPN Cantabria cuentan con el apoyo de sus plataformas estatales en estas reivindicaciones, y se plantean seguir movilizándose hasta lograrsereconozcasu valor y su experiencia en la prestación de servicios sociales, ya que son plataformas que dan voz a las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Como promotores de la iniciativa hacen un llamamientoalrestodeentidadesdel Tercer Sector de Cantabria para que se unan a sus reivindicaciones.
Ante la entrada en vigor el próximo día 3 de septiembre de la gran reforma civil en materia de discapacidad, el CERMI pide compromiso a todos los operadores jurídicos para cumplirla
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los poderes públicos y a los operadores jurídicos su firme compromiso para cumplir la Ley 8/2021, de 2 junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Ante la entrada en vigor el próximo día de 3 de septiembre, tras una vacatio legis de tres meses, de esta gran reforma civil, es el momento de que todas las instancias con responsabilidad en su despliegue y aplicación contribuyan a su instauración efectiva y satisfactoria.
Las Administraciones competentes han de realizar las inversiones y poner los recursos humanos y materiales necesarios para operativizar la reforma, mientras que todos los grupos de interés jurídicos han de asumir el cambio de paradigma que supone y formarse en el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad.
El 3 de septiembre entra en vigor una Ley amplia y ambiciosa que transformarán todos los dispositivos tradicionales que nuestro Derecho Civil dispensaba a la presencia y participación de las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, migrando del abordaje de la sustitución al de los apoyos.
FUENTE: CERMI.ES
El CERMI plantea que en la nueva Ley de Empleo la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea objetivo prioritario
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea objetivo prioritario de las políticas públicas y así quede establecido en la nueva Ley de Empleo que prepara el Gobierno.
Así lo ha propuesto el CERMI, en su documento de aportaciones a la elaboración de una nueva Ley de Empleo, en el trámite de consulta pública previa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, abierta hasta el día 2 de septiembre.
Para el CERMI, el empleo decente es medio principal de socialización, realización personal, participación en la comunidad y aportación a la sociedad, para cualquier persona.
En el caso de las personas con discapacidad, el empleo es fuente determinante de autonomía económica, y por tanto base para un proyecto de vida libremente elegido y para la inclusión en la comunidad, sin dependencias impuestas.
Ante esto, es un hecho comprobado de la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad del bien básico del empleo, y cuando acceden en dosis irrelevantes a él, en posiciones precarias y marginales, con una brecha salarial desatada, y con menos derechos y muy frágiles.
Todo lo anterior, señala el CERMI en su contribución, se intensifica en el caso de las mujeres con discapacidad, por lo que necesitan consideración específica reforzada en las políticas de empleo.
Además, para el CERMI, es necesario un vigoroso marco de protección de los derechos y contra la discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el empleo para las personas con discapacidad, más reforzado para los grupos de trabajadores con discapacidad de especiales dificultades de inserción.
A la par que la lucha contra la exclusión y la discriminación, son precisas potentes políticas públicas de empleo para personas con discapacidad, genéricas y específicas, particularmente intensas.
Hay que dar, según el CERMI, una relevancia esencial de la iniciativa social en la generación y mantenimiento de empleo decente para las personas con discapacidad.
La nueva Ley debe reconocer el papel esencial de la empresa social y de soluciones autogestionadas de personas con discapacidad y de sus Organizaciones. La nueva Ley, a juicio del CERMI, debe conectar el empleo de las personas con discapacidad con las oportunidades de la Nueva Economía, que se caracteriza por ser verde, sostenible, social, digital e inclusiva.
La inclusión laboral ha de estar a su vez alienada con esferas que condicionan y en las que existe interdependencia: la accesibilidad, la educación, el nivel de vida adecuado, etc. No se avanzará en inclusión laboral decente si no se actúa en los ámbitos concomitantes.
Finalmente, el CERMI pide que se favorezcan en la nueva Ley las alianzas del movimiento de la discapacidad con los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) para poder participar en el diseño de las políticas y los grandes acuerdos y con todas las instancias económicas que general empleo (sostenibilidad social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030).
FUENTE: CERMI.ES

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