Cermi Cantabria

La Seguridad Social aclara que los padres con reducción de jornada por cuidar de un hijo enfermo inmersos en un ERTE mantendrán esta prestación hasta el 30 de septiembre

(05.08.2020) FUENTE: SERVIMEDIA

Los padres con reducción de jornada por cuidado de un hijo con cáncer u otra enfermedad grave que se hayan visto inmersos en un ERTE a causa de la pandemia de la Covid-19 mantendrán dicho subsidio hasta el 30 de septiembre, igual que las demás personas afectadas por extinciones o regulaciones de empleo a causa de la situación sanitaria.

Así figura en una carta enviada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a la que ha tenido acceso Servimedia.

En una misiva previa, este Comité había expresado su preocupación por que estas ayudas (vinculadas a la parte de la jornada laboral no sujeta a reducción por cuidado del menor) finalizasen con el estado de alarma, tal como establecía el real decreto del 17 de marzo sobre medidas Económicas extraordinarias de protección por desempleo.

Sin embargo, el Ministerio aclara que todas aquellas previsiones se vieron prorrogadas de forma automática hasta el 30 de septiembre con la aprobación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector.

Como en la primera norma ya se reconocía la posibilidad de que los padres de niños con cáncer acogidos a una reducción de jornada por este motivo que se viesen afectados por un ERTE percibirían la preceptiva prestación, esta compatibilidad se entiende prolongada -igual que el resto de medidas- hasta el 30 de septiembre.

El CERMI saluda la prórroga de la exención del IVA de productos sanitarios para combatir los efectos del COVID-19

(05.08.2020)  FUENTE: SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saludó este miércoles la ampliación hasta el 31 de octubre de 2020 de la exención total del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a los bienes y productos sanitarios que sirven para combatir los efectos del Covid-19, como mascarillas, batas, geles hidroalcohólicos y distintos aparatos de uso clínico.

Así lo establece el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, después de que el Consejo de Ministros aprobara esta medida en el Consejo de Ministros de este martes.

Como recuerda el Cermi, esta exención, en vigor desde el pasado mes de abril, tenía vigencia temporal hasta el 31 de julio, por lo que era necesario prorrogarla mediante norma legal, si se deseaba mantener esta medida beneficiosa para favorecer la lucha contra el coronavirus, abaratando al no aplicarse el IVA la adquisición de este tipo de productos.

Además, destaca que esta aplicación del tipo cero del IVA se extiende a los productos sanitarios que tengan como destinatario una entidad pública, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, como las organizaciones no lucrativas de acción social. 

El movimiento CERMI reclama a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades del alumnado con discapacidad en la vuelta a las aulas

(06.08.2020) FUENTE: CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades específicas del alumnado con discapacidad en la vuelta a las aulas, tras la compleja situación que se ha vivido en el último trimestre del pasado curso académico por el cierre presencial de los centros educativos a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Para ello, la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI ha elaborado un documento en el que denuncia las principales carencias que ha sufrido el estudiantado con discapacidad en los últimos meses con la enseñanza a distancia, al tiempo que formula una serie de propuestas para que se corrija esta situación en el nuevo curso, teniendo en cuenta los tres escenarios que pueden darse en función de la evolución de la pandemia: presencial, a distancia o semipresencial, es decir, combinando ambas fórmulas.

Entre las dificultades que se han afrontado, el CERMI lamenta las carencias organizativas y metodológicas, dado que no ha habido clase a diario; no se ha podido garantizar que existan espacios de consulta constante con el profesorado; el alumnado con discapacidad no ha podido tener acceso a sus materiales de apoyo habituales, y no se han tenido en cuenta las adaptaciones curriculares con la consiguiente sobrecarga para las familias, sin tener en cuenta, además, la peculiaridad de las mismas y su nivel de comprensión.

La entidad también critica la disminución en los apoyos personales, como intérpretes de lengua de signos, mediadores comunicativos, fisioterapeutas, etc. Asimismo, censura que en ocasiones el personal de apoyo docente haya sustituido la figura del profesorado común al resto del alumnado y que se hayan visto mermado los apoyos psicológicos y emocionales en los casos en que eran precisos, lo que ha afectado tanto a la salud mental del alumnado con discapacidad como a su estado físico.

FALTA DE ACCESIBILIDAD

Otro apartado por el que la plataforma representativa de la discapacidad en España expresa su preocupación es por la falta de accesibilidad de los contenidos, vías de comunicación, dispositivos tecnológicos y métodos de evaluación.

De igual modo, alerta de mayores dificultades para detectar situaciones de violencia y acoso en el hogar, así como de la falta de planes específicos de lucha contra el ciberacoso que tengan en cuenta las necesidades específicas de menores y jóvenes con discapacidad.

Avisa también de la mayor situación de vulnerabilidad sociofamiliar del estudiantado con discapacidad, como consecuencia de las dificultades de las familias para apoyar en casa al alumno; falta de recursos tecnológicos; problemas para acceder al material especializado; ausencia de apoyo emocional a familias, que han soportado una gran responsabilidad delegada en ellas; problemas de conciliación, e imposibilidad de hacer que se sigan rutinas terapéuticas necesarias para el correcto desarrollo del estudiante con discapacidad. Esta situación ha sido mucho más complicada en el caso de las madres y cuidadoras, ya que suelen ser las que soportan el grueso de las responsabilidades familiares y educativas.

Otras cuestiones que el CERMI critica son las menores posibilidades de participar en las actividades online propuestas al conjunto de estudiantes durante los últimos meses del curso; graves carencias en los casos excepcionales en los que algunos estudiantes han tenido que ir a su centro de forma presencial; la falta de coordinación entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas; la respuesta desigual de los diferentes centros, y la carencia de comunicación con las entidades del sector de la discapacidad para poder implementar medidas que paliaran en lo posible la situación que ha vivido el alumnado con necesidades educativas especiales.

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CERMI Cantabria celebra que el Gobierno haya aprobado un Decreto que apoya la sostenibilidad de los centros especiales de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 30 de julio un Decreto por el que se otorgan subvenciones de concesión directa por un importe de 793.000 € a entidades titulares de Centros Especiales de Empleo destinadas a complementar en el segundo semestre de 2019 la subvención de costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad severa, que conlleve especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo.

Dicho Decreto se deriva de un compromiso adquirido en 2019 del Gobierno con CERMI Cantabria para compensar el aumento del salario mínimo que supuso más de un 22%, con el consecuente impacto para el mantenimiento del empleo. Tras el acuerdo del Gobierno Estatal en aumentar la subvención en un 5%, el Gobierno de Cantabria acordó incrementarlo en un 20% más, alcanzando el 75%. A finales de 2019 se publicó el primer Decreto para subvencionar el primer semestre, y con este Decreto aprobado se completará todo el ejercicio.

CERMI Cantabria valora muy positivamente este acuerdo, y espera que se vuelva a implementar en 2020, tal y como se planteó en las propuestas presentadas para los Presupuestos del Gobierno de Cantabria de 2020. Este acuerdo supondría una importante una inyección para el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad, ya que permitirá a los centros de empleo afrontar la subida de más del 5% del salario mínimo en un entorno económico muy castigado por la crisis sanitaria originada por el COVID-19.  

La Ley 9/2018, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adaptada a la Lengua de Signos Española (LSE)

La Ley de Cantabria 9/2018, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya se había realizado en Lectura Fácil, ha sido adaptada a la Lengua de Signos Española (LSE), en un paso más hacia la elaboración de materiales en formato accesible.

La adaptación de la Ley en Lectura Fácil y Lengua de Signos Española se encuentra publicada en el apartado de esta web “Publicaciones y Videos”. Puedes consultarla y descargarla en este enlace http://www.cermicantabria.org/index.php/publicaciones.

Recordamos que esta Ley se aprobó en el Parlamento de Cantabria el 30 de noviembre de 2018, por unanimidad. Se trató de un momento histórico para la sociedad cántabra, especialmente para las personas con discapacidad, dando paso a una nueva etapa de trabajo para garantizar su cumplimiento.

Posteriormente fue publicada el 11 de enero de 2019 en el Boletín Oficial de Cantabria, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

CERMI Cantabria celebra su incorporación al Consejo Económico y Social

(Santander, 13 de julio de 2020).- El Presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria), Ignacio Fernández Allende ha sido propuesto por el Parlamento de Cantabria para formar parte del Consejo Económico y Social, Órgano Colegiado de Participación y Consulta en Materia Socioeconómica y Laboral, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que será presidido por Carmen Sánchez Morán.

Así se recoge en el Decreto 43/2020, de 9 de julio, de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social de Cantabria aprobado por el Consejo de Gobierno.

La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de un mes en que se constituirá el Pleno del Consejo y su mandato tendrá una duración de cinco años.

Ver Decreto https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351550 

Proceso histórico para adecuar el Derecho Civil español a la Convención de la ONU de Discapacidad

NOTA DE PRENSA (Madrid, 7 de julio de 2020).-

Con la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, da inicio un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El Proyecto de Ley, que se remite al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX.

Con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

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La Eurocámara afirma que durante la pandemia las personas con discapacidad han experimentado graves violaciones de derechos

El Parlamento Europeo considera que, durante la crisis de la COVID-19, las personas con discapacidad han experimentado graves problemas y violaciones de derechos en los países miembro de la Unión Europea.

Así lo afirma la Cámara europea en una resolución aprobada el pasado jueves en pleno, relativa a la estrategia europea sobre discapacidad después del año 2020.

Para el Parlamento Europeo estas violaciones han consistido en perturbaciones en los servicios de asistencia, atención y apoyo personales, un acceso desigual o nulo a la información relativa a la salud y a la atención sanitaria, incluida la atención urgente, falta de información general y pública en materia de seguridad presentada de manera clara y sencilla, en particular en formatos accesibles y fáciles de utilizar.

También señala como vulneraciones más extendidas la falta de medidas preventivas en las residencias, un acceso desigual a las alternativas ofrecidas por las instituciones educativas, esto es, a la formación en línea y a distancia, y un aumento de los casos de violencia doméstica.

Alerta asimismo de que existe la posibilidad de que la pandemia y los problemas mencionados se reactiven en los próximos meses.

Ante ello, pide a la Comisión Europea, como ejecutivo comunitario, que prepare una evaluación de los problemas y las violaciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, las medidas adoptadas por los Estados miembros en respuesta a la pandemia y las lagunas y deficiencias de la legislación.

Solicita, asimismo, a la Comisión que proponga medidas de recuperación y mitigación pertinentes y específicas en el marco de la Estrategia sobre Discapacidad posterior a 2020, a fin de superar estas deficiencias y prevenirlas en el futuro; recuerda que estas medidas deben desarrollarse sobre la base de consultas con las personas con discapacidad y sus familiares o con organizaciones que los representen, así como con la red Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Parlamento Europeo.

La resolución del Parlamento recoge varios de los planteamientos expuestos por el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), que ha participado activamente en los trabajos preparatorios del acuerdo, con un diálogo permanente con los europarlamentarios españoles.

FUENTE: CERMI 

14 de junio. Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas: La Confederación Estatal de Personas Sordas reivindica la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas

• Exige en un manifiesto, que se tengan en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas.
• Edificios de toda España se sumarán el 14 de junio a la celebración de este día iluminando sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda
• Las redes sociales serán escenario de numerosas iniciativas con el lema ‘La lengua de signos no deja a nadie atrás’

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), y con ella, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), ha reivindicado un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas. Así lo ha hecho público la entidad en un manifiesto, con motivo del Día Nacional de las Lengua de Signos Españolas, en el que reclama que estas lenguas sean tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país. De esta manera, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.

La entidad destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en nuestro país, “sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar”, y alude a la exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas para quienes la lengua de signos es su lengua natural, al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.

En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, de una vez por todas, en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo. “El uso de la lengua de signos española y catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”.

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El movimiento CERMI exige al Gobierno recuperar la partida de 1.000 millones para gasto social del fondo extraordinario de para las autonomías

 El CERMI Estatal ha repasado este lunes con los CERMIS Autonómicos la situación del sector de la discapacidad en las diferentes comunidades y ciudades autónomas ante el avance hacia la nueva normalidad

NOTA INFORMATIVA (Santander, 8 de junio de 2020). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este lunes al Gobierno central que no elimine en ningún caso la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 y encarar la recuperación social y económica.

Así lo ha puesto de relieve la plataforma representativa de la discapacidad en España durante una reunión telemática con los CERMIS Autonómicos, en la que se han abordado las principales cuestiones que afectan al sector de la discapacidad en el camino hacia la nueva normalidad tras los peores momentos de la crisis sanitaria.

El Gobierno anunció este domingo a los presidentes autonómicos que el fondo de 1.000 millones para inversión social desaparecía para, junto a otros 1.000 millones del gasto en sanidad, crear una partida de 2.000 millones para la educación.

En este sentido, el movimiento CERMI destaca que “por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia”.

A su juicio, no se pueden olvidar los servicios y los apoyos sociales en estos fondos extraordinarios, ya que no tiene ningún sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles y que han quedado gravemente dañados por la COVID-19.

La entidad incide en que el Gobierno debe mantener esta partida presupuestaria de 1.000 millones y, para ello, si es preciso, el fondo extraordinario de 16.000 millones debe aumentarse, porque “si lo social no está en el centro, las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias de la pandemia”.

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