Entidad Declarada de Utilidad Pública
Cermi Cantabria
CERMI Cantabria celebra su incorporación al Consejo Económico y Social
(Santander, 13 de julio de 2020).- El Presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria), Ignacio Fernández Allende ha sido propuesto por el Parlamento de Cantabria para formar parte del Consejo Económico y Social, Órgano Colegiado de Participación y Consulta en Materia Socioeconómica y Laboral, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que será presidido por Carmen Sánchez Morán.
Así se recoge en el Decreto 43/2020, de 9 de julio, de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social de Cantabria aprobado por el Consejo de Gobierno.
La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de un mes en que se constituirá el Pleno del Consejo y su mandato tendrá una duración de cinco años.
Ver Decreto https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351550
Proceso histórico para adecuar el Derecho Civil español a la Convención de la ONU de Discapacidad
NOTA DE PRENSA (Madrid, 7 de julio de 2020).-
Con la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, da inicio un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
El Proyecto de Ley, que se remite al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX.
Con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
La Eurocámara afirma que durante la pandemia las personas con discapacidad han experimentado graves violaciones de derechos
El Parlamento Europeo considera que, durante la crisis de la COVID-19, las personas con discapacidad han experimentado graves problemas y violaciones de derechos en los países miembro de la Unión Europea.
Así lo afirma la Cámara europea en una resolución aprobada el pasado jueves en pleno, relativa a la estrategia europea sobre discapacidad después del año 2020.
Para el Parlamento Europeo estas violaciones han consistido en perturbaciones en los servicios de asistencia, atención y apoyo personales, un acceso desigual o nulo a la información relativa a la salud y a la atención sanitaria, incluida la atención urgente, falta de información general y pública en materia de seguridad presentada de manera clara y sencilla, en particular en formatos accesibles y fáciles de utilizar.
También señala como vulneraciones más extendidas la falta de medidas preventivas en las residencias, un acceso desigual a las alternativas ofrecidas por las instituciones educativas, esto es, a la formación en línea y a distancia, y un aumento de los casos de violencia doméstica.
Alerta asimismo de que existe la posibilidad de que la pandemia y los problemas mencionados se reactiven en los próximos meses.
Ante ello, pide a la Comisión Europea, como ejecutivo comunitario, que prepare una evaluación de los problemas y las violaciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, las medidas adoptadas por los Estados miembros en respuesta a la pandemia y las lagunas y deficiencias de la legislación.
Solicita, asimismo, a la Comisión que proponga medidas de recuperación y mitigación pertinentes y específicas en el marco de la Estrategia sobre Discapacidad posterior a 2020, a fin de superar estas deficiencias y prevenirlas en el futuro; recuerda que estas medidas deben desarrollarse sobre la base de consultas con las personas con discapacidad y sus familiares o con organizaciones que los representen, así como con la red Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Parlamento Europeo.
La resolución del Parlamento recoge varios de los planteamientos expuestos por el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), que ha participado activamente en los trabajos preparatorios del acuerdo, con un diálogo permanente con los europarlamentarios españoles.
FUENTE: CERMI
14 de junio. Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas: La Confederación Estatal de Personas Sordas reivindica la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas
- Exige en un manifiesto, que se tengan en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas.
- Edificios de toda España se sumarán el 14 de junio a la celebración de este día iluminando sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda
- Las redes sociales serán escenario de numerosas iniciativas con el lema ‘La lengua de signos no deja a nadie atrás’
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), y con ella, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), ha reivindicado un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas. Así lo ha hecho público la entidad en un manifiesto, con motivo del Día Nacional de las Lengua de Signos Españolas, en el que reclama que estas lenguas sean tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país. De esta manera, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.
La entidad destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en nuestro país, “sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar”, y alude a la exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas para quienes la lengua de signos es su lengua natural, al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.
En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, de una vez por todas, en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo. “El uso de la lengua de signos española y catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”.
El movimiento CERMI exige al Gobierno recuperar la partida de 1.000 millones para gasto social del fondo extraordinario de para las autonomías
El CERMI Estatal ha repasado este lunes con los CERMIS Autonómicos la situación del sector de la discapacidad en las diferentes comunidades y ciudades autónomas ante el avance hacia la nueva normalidad
NOTA INFORMATIVA (Santander, 8 de junio de 2020). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este lunes al Gobierno central que no elimine en ningún caso la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 y encarar la recuperación social y económica.
Así lo ha puesto de relieve la plataforma representativa de la discapacidad en España durante una reunión telemática con los CERMIS Autonómicos, en la que se han abordado las principales cuestiones que afectan al sector de la discapacidad en el camino hacia la nueva normalidad tras los peores momentos de la crisis sanitaria.
El Gobierno anunció este domingo a los presidentes autonómicos que el fondo de 1.000 millones para inversión social desaparecía para, junto a otros 1.000 millones del gasto en sanidad, crear una partida de 2.000 millones para la educación.
En este sentido, el movimiento CERMI destaca que “por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia”.
A su juicio, no se pueden olvidar los servicios y los apoyos sociales en estos fondos extraordinarios, ya que no tiene ningún sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles y que han quedado gravemente dañados por la COVID-19.
La entidad incide en que el Gobierno debe mantener esta partida presupuestaria de 1.000 millones y, para ello, si es preciso, el fondo extraordinario de 16.000 millones debe aumentarse, porque “si lo social no está en el centro, las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias de la pandemia”.
