Cermi Cantabria
Apoyo unánime a la ilegalización de las esterilizaciones forzadas en la Comisión de Justicia del Congreso
30.09.2020 FUENTE: SERVIMEDIA
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados mostró este miércoles su respaldo unánime a la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
En concreto, la reforma busca eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de dichas personas autorizadas por un órgano judicial.
Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres. Varios de sus miembros asistieron en una sala contigua al debate y votación del informe elaborado en los trabajos preparatorios por la ponencia de esta comisión, que contenía dos enmiendas que daban lugar a la formulación de una nueva disposición final tercera respecto a la propuesta que llegó del Senado.
De hecho, mientras que la parte principal del informe fue aprobada por unanimidad, esta nueva disposición contó con el rechazo de los 14 diputados de PP y Vox.
Con todo, fue aprobada por 21 votos a favor, por lo que se incorporará al texto que ahora deberá debatir el Pleno de la Cámara Baja.
La nueva disposición final tercera hace referencia a la necesidad de modificar las leyes orgánicas sobre Autonomía y Derechos del Paciente y sobre Salud Sexual y Reproductiva, a fin de garantizar que las personas con discapacidad reciben la información que precisan en "canales, medios y formatos accesibles" para que “la decisión que adopten sea libre, consciente e informada”.
Para ello, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reforme esta legislación, a fin de asegurar este derecho y también la garantía de que los poderes públicos velarán por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.
Semana Internacional de las Personas Sordas 2020
Durante esta semana se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas, ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50.
En Cantabria, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), entidad de CERMI Cantabria, también se ha sumado a esta celebración, que este año tiene como lema “Reafirmando los Derechos de las Personas Sordas”.
Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Signos es una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 haciéndola coincidir con el aniversario de la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), para reivindicar estas lenguas como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos países y garante de sus derechos.
El presidente de CERMI Cantabria ha querido apoyar esta premisa a través del siguiente video
Además, desde el movimiento asociativo de personas sordas se ha hecho público un manifiesto en el que reclama mayor atención a las necesidades del colectivo en un momento en el que las desigualdades de las personas sordas se han visto incrementadas por la COVID-19. A su juicio, las personas sordas “también importan” de cara a la reconstrucción social y económica de nuestro país, ya que la pandemia ha puesto de relieve la falta de accesibilidad de los diferentes bienes y servicios, así como la ausencia de recursos adaptados para la atención de este colectivo en ámbitos, como por ejemplo, el sanitario.
CERMI Cantabria agradece al Ministerio de Sanidad una nueva entrega de mascarillas
CERMI Cantabria ha recibido una tercera dotación de mascarillas desde el inicio de la pandemia, proporcionadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
El Presidente de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández, ha acudido en el día de hoy a la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde la Delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, le ha hecho entrega de 12.000 mascarillas que se unen a las 6.000 y a las 12.500 que ya proporcionaron a las entidades de CERMI Cantabria a principios de mayo y junio, respectivamente.
CERMI Cantabria agradece al Ministerio de Sanidad esta nueva dotación al tener en cuenta a las entidades de personas con discapacidad, proporcionandoles este material de protección contra el contagio para poder dar mayor seguridad a las personas usuarias, trabajadoras y voluntarias.
El CERMI saluda que la primera reforma social de la Constitución española comience por las personas con discapacidad
( 08.09.2020) FUENTE: CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda la intención del Gobierno, anunciada hoy por la Vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, de remitir este año a las Cortes Generales el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española, dedicado a las personas con discapacidad, para alinearlo con la visión vigente de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.
Sería la primera reforma social de la constitución española, en sus más de 40 años de vigencia, y se centraría en el precepto consagrado a las personas con discapacidad, aunque con un enfoque y una terminología, propia de los años 70 del siglo pasado, hoy amortizada y no compatible con la perspectiva actual cristalizada en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Los trabajos de preparación de esta reforma constitucional han sido desarrollados por el Gobierno y el Congreso de los Diputados en estrecho e intenso diálogo con el CERMI, que ha sido la plataforma cívica que planteó esta reivindicación y llevó este asunto a la agenda política y legislativa.
El CERMI espera una pronta remisión al Parlamento del texto de reforma constitucional del artículo 49, en los términos acordados con el Gobierno, y desplegará una tarea de incidencia e interlocución para que se apruebe con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas.
El CERMI tacha de omisión del deber de socorro la denegación de atención sanitaria a personas mayores con discapacidad en la pandemia
( 04.09.2020) FUENTE: CERMI
- Así lo expone el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’
- Enlace a todos los contenidos de la edición 403 de la publicación: http://semanal.cermi.es/boletin/1125.aspx
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que “denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro”, por lo que exige “actuaciones concretas” para que no vuelva a discriminarse a sectores de la ciudadanía como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.
“La no asunción ni determinación de responsabilidades políticas o judiciales hasta el momento por parte de ningún estamento, hace pensar que situaciones con elevado número de pérdida de vidas por parte de un sector de la población, los mayores, puede salir relativamente barato”, denuncia el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI Estatal, Álvaro García Bilbao, en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’, a cuya nueva edición se puede acceder a través de este enlace.
Por ello, exige que no vuelva a producirse ningún tipo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria, como sucedió en ocasiones en los peores momentos de la pandemia en aquellos lugares en los que el sistema de salud se vio más colapsado. Además, critica que las personas mayores, incluidas las que tienen discapacidad, han sufrido “soledad, el abandono, la impotencia, la rotura de sus rutinas y la merma en sus procesos vitales”, entre otras circunstancias.
Pese a esta situación, advierte del riesgo de “repetir errores similares a los acaecidos” porque en estos meses de menor intensidad de la pandemia “se ha evitado hacer una reflexión colectiva necesaria y obligada que restaure y fortalezca derechos, conscientemente orillados en aras de discutibles criterios de gasto económico y de supervivencia, no de todos, sino de los más aptos”.
A su juicio, algunas de las medidas que deben adoptarse son habilitar nuevos recursos; favorecer la vida en comunidad y apostar por la figura del asistente personal; impedir que se puedan producir situaciones de discriminación en el acceso a los cuidados intensivos; no olvidar a las personas mayores con discapacidad residentes en el entorno rural; incluir como colectivo de riesgo a las personas cuidadoras, generalmente mujeres, y que los responsables políticos cuenten en todo momento con las organizaciones de personas mayores y del sector de la discapacidad para hacer frente a las situaciones que se puedan ir produciendo.