10.09.2021 FUENTE: CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERM) celebra que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya comenzado el proceso legislativo para recuperar la asimilación legal de las situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social al grado mínimo de discapacidad del 33 por 100 a efectos de acceso al marco de incentivos y medidas de acción positiva establecidos para las personas con discapacidad.
En efecto, la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica hoy la consulta pública previa del denominado “Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para considerar, a efectos laborales, como personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”, con plazo de alegaciones hasta el próximo 28 de septiembre.
La iniciativa de modificación legislativa que ahora comienza su trámite busca, con la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, resolver el grave problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula esta asimilación legal, vigente desde el año 2003, jurisprudencia que ha venido perjudicado gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad.
El CERMI agradece al Ministerio del que es titular Ione Belarra que haya decidió acabar con esta anomalía tan lesiva para el empleo de las personas con discapacidad y espera una tramitación rápida de la iniciativa, tanto en la fase prelegislativa como en la parlamentaria, para que ese asunto esté resuelto en pocos meses.